01

Actualmente, Carabineros sólo puede solicitar la identificación cuando hay indicios de que la persona intenta o cometió un delito.

Facultar a Carabineros para que pueda solicitar a los ciudadanos su identificación en el mismo lugar donde se encuentran y así revisar la posible existencia de órdenes de detención pendientes. Actualmente hay 66.041 órdenes de detención pendientes emanadas de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Justicia.

02

Un policía solo puede interrogar a los testigos cuando el delito es flagrante, es decir, si el delincuente es sorprendido cometiéndolo o lo acaba de cometer.

Aumentar las facultades de la policía para practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación de un delito, como por ejemplo interrogar a los testigos, ya sea un delito flagrante o no.

03

La policía sólo puede detener a un delincuente cuando está en situación de flagrancia, esto es acaba de cometer un delito o huye del lugar, hasta 12 horas después.

Permitir que la Policía, aún cuando hayan transcurrido más de 12 horas desde que se cometió el delito, pueda detener a un delincuente cuando su participación quede en evidencia en fotografías o grabaciones, es decir, en medios visuales o audiovisuales.

04

La policía, cuando detiene una persona, no puede registrar la ropa, su equipaje o su vehículo, excepto cuando existan indicios de que intenta ocultar alguna prueba importante para la investigación.

La Policía, cuando detenga a una persona, siempre podrá registrarle su ropa, equipaje o vehículo en busca de pruebas del delito.

05

Si un delincuente confiesa libremente un delito ante un fiscal o la policía, no puede ser detenido, excepto en los casos en que existe riesgo de fuga o no tiene domicilio conocido.

Permitir que el fiscal y las policías puedan detener a un delincuente que confiesa libremente un delito, sin importar el riesgo de fuga o que tenga domicilio conocido.

06

Actualmente, si el fiscal o el abogado asistente no llegan a la primera audiencia judicial, el juez debe dejar libre al detenido, perjudicando a la ciudadanía por error del Ministerio Público.

Permitir al juez de garantía la suspensión de la primera audiencia judicial, por un plazo de dos horas, cuando no ha llegado el fiscal; sin tener que liberar de inmediato al detenido, plazo en el cual se exigirá la presencia del fiscal.

07

Cuando la policía allana un domicilio con autorización del juez de garantía y encuentra otros bienes robados que provienen de un delito distinto al que se está investigando, no puede incautarlos sin que previamente lo informe al Fiscal y este a su vez, le pida autorización al Juez de Garantía. En la práctica, cuando se cumple con esta diligencia, los bienes robados ya han desaparecido.

Permitir a la Policía, durante el registro de un lugar cerrado, incautar las especies robadas aunque provengan de un delito distinto al que dio origen al registro.

08

Actualmente, los jueces cuando invocan el peligro de fuga para dejar en prisión preventiva a un delincuente, no consideran si ha tenido reiteradas detenciones por otros crímenes o simples delitos.

Facultar a los Jueces para que puedan considerar como causal de peligro de fuga y disponer la prisión preventiva de un detenido, cuando éste ha tenido reiteradas detenciones por crímenes o simples delitos, a fin de evaluar la peligrosidad sin afectar la presunción de inocencia.

09

A pesar de los esfuerzos que se han realizado, el Banco Unificado de Datos no funciona como corresponde y varias veces los jueces, fiscales y policías no tienen la información completa sobre los antecedentes delictuales de una persona, lo que afecta el éxito de las investigaciones que se realizan para esclarecer un delito.

Establecer por ley la existencia del Banco Unificado de Datos que concentre la información que disponen las Policías, el Poder Judicial, el Registro Civil, el Ministerio Público y Gendarmería sobre los antecedentes delictuales de una persona, a fin de conocer su peligrosidad para la comunidad.

10

Establecer por ley la obligación de coordinación entre el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones, para que periódicamente informen al Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto del diagnóstico que hacen sobre la realidad delictual del país, sus objetivos institucionales y los resultados de las investigaciones de los delitos.

Establecer por ley la obligación de coordinación entre el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones, para que periódicamente informen al
Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto del diagnóstico que hacen sobre la realidad delictual del país, sus objetivos institucionales y los resultados de las investigaciones de los delitos.

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